LA GESTIÓN PÚBLICA DE DERECHO PRIVADO

A estas alturas de desarrollo de este blog creo que mis lectores serán conscientes de que muchas de las consecuencias de la que se ha dado en llamar nueva gestión pública no me convencen plenamente. Ello no quiere decir que me entusiasme la conducta habitual de muchos funcionarios o la gestión burocrática tradicional. La mayor parte de mis reflexiones, ideas o conceptos parten de esquemas formales que considero idóneos, pero que hay que convenir que en la realidad se subvierten o no llegan a ser realidad. Pero es evidente que los esquemas formales en los que se funda buena parte de la teoria de la nueva gestión pública también son objeto de subversión y de ineficacia. Y es que no hemos de olvidar que el "gran directivo" de la Adminisración pública es el político o los políticos que están en el ápice de su piramide organizativa o estructural, todo ello sin perjuicio de la presencia de múltiples intereses sociales, burocráticos, de partido, sindicales, etc. Incluidos los de los propios vendedores de doctrina adminisrativista o de gestión.

Viene al caso esta reiteración de ideas, ya manifestadas en otros momentos en casos de corrupción de organizaciones fundadas en el derecho privado, pero dependientes en parte del presupuesto público y con directivos o miembros pertenecientes a los partidos políticos y gobiernos de turno, por una noticia, que supongo contrastada, sobre la gestión de una depuradora en Pinedo (Valencia), que nos proporciona el diario Las Provincias en la que anuncia que la Fiscalía y el Tribunal de Cuentas investigan una trama de empresas fantasma que emitió en seis años facturas por cientos de miles de euros a la planta de dicha depuradora.

Como es natural, parto de la noticia y no de un conocimiento exacto y directo de los hechos, los cuales sólo me sirven para acercar el agua a mi molino y evidenciar, una vez más, que la gestión pública basada en el derecho privado ha de ajustarse a los principios básicos o fundamentales del gasto público, ya de por sí bastante suavizados con el tiempo, y sobre todo se ha de perseguir que estas estructuras o personas jurídicas de derecho privado no constituyan formas de eludirlos o de financiaciones espúrias, utilizando los instrumentos que el derecho privado ofrece. No sólo se ha de cuidar esto en los casos en que la utilización de estas formas de organización sean adecuadas al fin que se persigue o a la actividad a realizar, sino también que no se utilicen cuando no es adecuada a dichos fines o la organización correspondiente no obtiene ingresos de su actividad o no actúa en el mercado.

Los políticos se apoyan en la doctrina que favorece la privatización precisamente como un modo más actual de escapar del derecho público, lo que puede comprenderse cuando realmente se persiguiese una eficacia mayor, pero no cuando lo que se pretende es gastar sin control alguno o para fines distintos de los que corresponden a la organización creada o gestionada, porque entonces ésta deja de ser el instrumento de eficacia para pasar a ser el de la corrupción o empleo del dinero público de forma ilegal o no permitida por el ordenamiento.

Amparados en la discrecionalidad administrativa, en que se trata de un factor organizativo metajurídico según alguna jurisprudencia, en el silencio de los funcionarios públicos encargados de informar al respecto o en su apoyo a las teorías en boga o en la discrecionalidad apuntada, y en los apoyos externos de teóricos y empresarios de la gestión pública, los políticos han creado espacios de gestión con fines distintos a los que corresponden a la organización. En los últimos años de mi ejercicio como funcionario han sido múltiples las ocasiones en que he tenido que discutir respecto a la creación como empresas o personas de derecho privado de organizaciones para realizar actividades exclusivamente burocráticas o que no generaban ningún ingreso o se alimentaban sólo de presupuesto público y que se ajustaban mejor a otras figuras reguladas por el derecho administrativo y que a él se sujetaban.

Ya no estoy al día en la normativa de intervención y contabilidad de estas organizaciones, pero si escapan de la intervención pública o esta es meramente formal o documental no puede extrañar que la situación que describe la prensa pueda ser real. Nada bueno en definitiva, por dos razones por la corrupción del sistema y por la quiebra de posibles soluciones racionales que pierden sentido para convertirse en simple instrumento de los políticos y negocio para terceros, pero que no cumplen con los intereses generales.