Es indudable que en el poco tiempo de gobierno del PP, después del desastre de Zapatero, parece que le llueven las críticas y con mayor exigencia que en la etapa anterior y muchas veces con razón, pese a que también es indudable que cualquier medida adoptada no es efectiva por su simple adopción sino que precisa de un tiempo para ello, pero la situación es tan mala que no hay paciencia y sí muchos intereses políticos en juego y muchos, muchos, problemas que abordar. Por lo que oigo y veo, en la radio y en la televisión, parece que se entiende que la reforma administrativa es el siguiente reto que hay que abordar y que se considera de la máxima importancia. Muchos de los que esperan esta reforma administrativa la ligan a la necesidad de modificar el modelo territorial, llegando a proponer una vuelta al Estado centralizado y una reforma constitucional, lo que, desde mi punto de vista es una reforma política y un necesario cambio en la Constitución.
Por ello me ha venido a la memoria que precisamente el tema de la reforma administrativa estaba de actualidad en la época en que preparaba las oposiciones para ingreso en el Cuerpo General Técnico y que era objeto de estudio al efecto un artículo de Antonio Carro Martinez, titulado ¿Qué es la reforma administrativa? (que se puede ver aquí) y que he releído por encima al efecto de este post. En dicho artículo se procuraba distinguir entre reforma administrativa y reforma política; hoy creo que más que por la existencia de unas diferencias absolutas, por la simple razón de que el régimen franquista no iba a propugnar una reforma política, de ahí que la distinción se hiciera necesaria, cuando lo normal es que muchas veces la reforma administrativa determine cambios políticos, pero aquello era fruto de la necesidad "política" de separar plenamente Política y Administración. Destaco algunos párrafos del documento.
Por ejemplo: Quien intente conseguir de golpe la eliminación de todas las corruptelas administrativas mediante la sustitución del orden administrativo tradicional por otro nuevo más racional y perfecto—lo que precisará la alteración de la división territorial, la supresión de todos los organismos inútiles, establecer nuevos criterios de desconcentración, desconocer situaciones y derechos adquiridos, etc.— necesitará estar revestido de una potencialidad política de carácter fundamental. Este rompimiento o trastocamiento violento de un orden administrativo existente sólo puede actuarse mediante poderes de naturaleza política no administrativa—y mítica—no ordinaria—. Pero en este caso excepcional no se habría producido una «reforma administrativa», sino una «revolución administrativa».
La revolución es una última ratio, un último remedio, sólo legitimable por una necesidad extraordinaria. Por lo general, la racionalización de un orden administrativo es más bien una conveniencia que un estado de necesidad; por ello nunca ha sido motivo suficiente para provocar la revolución. Otra cosa es que los momentos revolucionarios provocados por otras causas—que siempre producen, un mayor o menor resquebrajamiento institucional—resulten "momentos óptimos para introducir reformas administrativas radicales y espectaculares (por ejemplo, la España de 1939 era terreno abonado para una reforma de este tipo.
Ahora bien, frente a la revolución, de naturaleza siempre extraordinaria, la reforma administrativa es una constante de la vida ordinaria; no actúa por irrupciones esporádicas y violentas, sino medíante actuaciones cotidianas y permanentes.
En conclusión, el proceso mental de una adecuada reforma administrativa puede ser todo lo revolucionario que las necesidades requieran, pero su puesta en práctica tiene que realizarse por la vía del detalle y de la perseverancia. La reforma administrativa verdaderamente fructífera no suele ser la más espectacular, sino aquella que indiscutiblemente logra introducirse en los cotidianos detalles y minucias de la vida administrativa. De nada valen los grandes sistemas mentales de reforma si no logran introducirse en la realidad viva por dicha vía de evolución», y no de revolución.
El punto 3 del documento es el que sigue:
3.° LA ACTUACIÓN POLÍTICA NO ES LA REFORMA ADMINISTRATIVA
Una tercera posición—la más nueva—acepta la concepción sustantiva e independiente de la reforma administrativa, por considerarla útil para la actividad política. La novedad en relación con la anterior posición es la sustantividad e independencia que se otorga a la reforma administrativa; pero es una novedad más nominal que efectiva,porque la reforma administrativa es en la actualidad una bandera lo suficientemente atractiva para que sea concedida como nueva vía de acceso y utilización del poder político. Tal es el caso de Italia, donde existe un Ministro encargado de la reforma administrativa, que, por el momento, no ha sabido hacer más que política.
Esta posición es de efectos iguales a la segunda, aunque invierte los factores, a fin de aprovecharse del buen tono que en la mentalidad pública tiene actualmente la expresión «reforma administrativa». Es curioso observar cómo muchos Gobiernos contemporáneos realizan las mayores reformas políticas escudándose en la reforma administrativa.
Para quienes aceptan esta posición, la reforma administrativa no pierde espectacularidad—porque no se despolitiza—, pero sí gana continuidad, y malo será que a través de una acción constante no lleguen a darse algunos pasos firmes por el verdadero camino de la reforma administrativa.
Todo el punto 4 siguiente del artículo se dedica a considerar la reforma administrativa como la técnica del rendimiento y de la eficacia. No cabe duda de que después de los años transcurridos y llevada a cabo la reforma administrativa predicada, sobre todo en la función pública, lo que se llama reforma administrativa sería simplemente el principio básico del administrar y que esa actividad cotidiana, meticulosa y diaria que se predica es precisamente lo que ha entrado en crisis por la reforma política de 1978 y el predominio de "lo político"; cuestiones que tanto tratamiento tienen en este blog. Pero una vez leído lo que en 1960 y toda la década se consideraba, la pregunta ante la situación actual es si lo que se prepara es una reforma administrativa o política y me parece que ahora no caben distinciones y que ambas parecen necesarias y no sólo convenientes, estando por conocer el grado en que los cambios políticos se pueden dar. Si analizamos la cuestión y la siempre presente presión de los nacionalismos y el difícil regreso de una descentralización a una simple desconcentración y a un Estado centralizado, se comprenderá que el problema al que se enfrenta el Gobierno del Sr. Rajoy es de envergadura y que si se aborda de una sola vez no se puede eludir la reforma política y que si se aborda por etapas también hay que llegar a ella más tarde o más temprano.
Yo considero que cualquier reforma es importante y después del desastre de Zapatero que mas se puede pedir, es claro la importancia de buenos abogados en estas reformas
ResponderEliminarBuenos días,
ResponderEliminarHa pasado un tiempo desde la publicación de esta entrada. He leído el texto de 1960 que Ud. propone: "la reforma administrativa como un proceso de adaptación de la organización y funcionamiento de la Admon Pública a la Ley del máximo rendimiento".
Parece que la reforma llevada a cabo por este gobierno se ha centrado en el ahorro, suprimiendo toda una serie de organismos públicos. Me parece correcto pero insuficiente. La administración pública precisa con carácter urgente de una profunda revisión y mejora de su estructura y procedimientos, que permitan mejor rendimiento y mejor entorno laboral para sus recursos humanos. Los trabajadores de una empresa, y también de la Administración Pública, lo son todo. De ellos depende la excelencia de la Institución. Si hay voluntad de ello, muchas iniciativas sin coste para el erario público redundarían en una mejora de la vida de millones de funcionarios en nuestro país. No todo es el salario entre las prioridades de un trabajador, me da lo mismo que hablemos de la empresa privada o la pública.
Yo soy funcionario de carrera desde hace10 años, y en virtud de lo que he observado diré que hay dos graves problemas que son origen de muchos males, y son:
la forma de seleccionar al personal,
la falta de control sobre el desempeño de los funcionarios, altos y bajos.
La selección se ha desvirtuado con la generalización de la libre designación y las comisiones de servicio dirigidas, de forma que hoy ya no promocionan los mejores sino que se utiliza la administración como una agencia de colocación. Y esto ocurre en mayor medida en los puestos directivos, los más apetecibles para el poder político pero también los que más desastrosas consecuencias tienen al perder la Administración independencia, competencia, excelencia e iniciativa.
En relación al control de los efectivos, es difícil de creer que aún no se haya instaurado un sistema sencillo y objetivo. Todos los funcionarios podrían cubrir de forma rutinaria, obligatoria y anónima cuestionarios sobre el desempeño de sus jefes y compañeros. Y esto permitiría compensar o penalizar a base de complementos salariales, días libres, promociones o ceses según el caso.
CONTROL DE DESEMPEÑO: La situación actual es desastrosa en este campo. Es propio de una administración decimonónica tener a su personal fichando las entradas y salidas. Una administración que debería ser vanguardia hacia los nuevos tiempos. Hemos de visualizar una meta hacia la que debemos dirigirnos, y ésta sólo puede ser la responsabilidad individual de cada trabajador. Como esto es una utopía, entonces se hace necesario que cada individuo se responsabilice de su trabajo sabiendo que está siendo vigilado. ¿cómo es esto? Pues con el sistema comentado arriba de la implementación obligatoria y anónima a todos los funcionarios de cubrir cuestionarios sobre el desempeño de sus compañeros, y sobre todo de sus jefes.
Depende del jefe, y en función de ello será evaluado por sus subalternos y por su superior, de tener unas normas claras sobre lo que se espera de cada uno, de tener iniciativa a la hora de identificar o recabar los problemas del Departamento y ponerles solución, de llamar al orden si fuera preciso a un trabajador o bien solucionar los problemas cotidianos de diversa índole. En los servicios administrativos de cara al público como centros de salud, hospitales o escuelas incluso los usuarios pueden ser sometidos a cuestionarios de satisfacción, de forma obligatoria y anónima, a cambio del uso del servicio. Esta información permitirá contar con los mejores directivos y apartar a los que no lo son, y los trabajadores se harán responsables con su trabajo y el de sus compañeros porque de lo contrario sus evaluaciones les dejarán en evidencia y ello tendrá las consecuencias que se determinen, salariales o incluso más graves.
Tengo más ideas de reforma que me gustaría compartir con Ud pero no caben en este campo. ¿le puedo escribir un mail?
Gracias,
pablo.demiguel@yahoo.es
Aquí queda su aportación. No es posible entrar a comentar todo
ResponderEliminarSí como parece está revisando el Blog, comprobará que muchos temas están Tratados. Utilice las etiquetas.
Si después tiene cuestiones que comentar si me envía su correo tendrá el mio y conforme al tiempo disponible cambiamos impresiones