DE MAS A MENOS

El Sr. Artur Mas ha realizado una referencia a la visita del Papa que estimo que es demostrativa de la poca calidad de nuestros políticos y que no deja en buen lugar a Cataluña. Y no lo digo sólo por la referencia a lo que el Papa en su visita a Cataluña tiene que tener en cuenta, ya de por sí bastante impresentable, por considerar que el Papa no sepa a donde va  o  no lo "entienda" y esté mal asesorado, sino porque creo que al referirse a las "regiones meridionales", de modo que hay que considerar despreciativo, parece que está pensando en Valencia, dada la visita a ella del Papa. Vean y comprueben:

Soy un admirador de Cataluña, cinco años de mi vida los pasé en Tarragona. Mi padre era mallorquín y en Mallorca tengo casa y familia. Mi abuela escribía comedias costumbristas en mallorquín, despreciadas por los puristas del idioma catalán y hoy incluida en la literatura catalana por razones que ella no alcanzaría a compartir. Soy valenciano y hablo mi lengua. Cuando lo catalán se perseguía en Valencia por algunos sectores con ataques a librerías etc. he comprado en ellas. Siento los lazos comunes que me unen a Cataluña y los catalanes, pero hace tiempo que me he aburrido de todo aquello que en Valencia se identifica con los que llaman catalinistas, porque son una muestra de lo que no debe hacerse, desprecian a todo el que no piense como ellos, han llevado todo al terreno político y han provocado reacciones que cada día nos alejan más y que tampoco son plenamente racionales. Ofenden y menosprecian continuamente y sus aires de superioridad son ridículos y propios, no de las personas cultas que pretenden ser, sino de aparentes paletos cerrados en sí mismos. Son los peores enemigos de Cataluña y de los catalanes. No puede discutirse que existe un marcado sentido imperialista basado en el idioma, lo que hace que el entendimiento se distancie. Pero sobre todo, no porque no puedan mantenerse tales opciones políticas  y de organización, sino porque se hace con la forma y talantes descritos que insultan y desprecian y que no repetan la libertad y el pensamiento de los demás y que se alejan del más elemental sentido democrático.

MI HEMEROTECA: Expendedurías de alcohol

Varias veces me he referido en el blog a los problemas del consumo de alcohol en la calle y, concretamente en el barrio en que vivo y cercanías del campus universitario y he criticado la actuación municipal. La noche de Halloween ha sido un ejemplo más de las consecuencias de esta fiesta noctura que ha afectado a diversos puntos de la ciudad de Valencia y la ha llenado de suciedad. Las autoridades conocen el problema de años anteriores y son incapaces de prevenir y solucionar y sólo proclaman la necesidad de trasladar el botellón a zonas alejadas de la población.

En 21 de octubre de 1992 en el diario Las Provincias escribía el artículo que a continuación reproduzco, plenamente válido en la actualidad, salvo que ahora los jóvenes acuden a la fista con sus bolsas y botellas, sin perjuicio de que sigan existiendo bares que se dedican en las zonas de la fiesta a expender las bebidas de forma económica. Esto es lo escrito entonces:

Los vecinos del barrio de San José y, supongo, los de otros tantos de Valencia, lo mismo nos da blancos que negros, izquierda que derecha, Clementina que Rita, constituimos una reserva comercial con licencia de ruido nocturno. Basta un pequeño local, en una planta baja, y una licencia de apertura y otra de ocupación de aceras para unas cuantas mesas de bar, para obtener licencia de expedición de alcohol. Unos cuantos metros de local te permiten expedir todo el alcohol que se puede consumir en un barrio y en el dominio público que constituyen las calles, con la ventaja de no ser responsable de los ruidos e incidentes que en ellas se producen. Un negocio redondo que prospera mientras las empresas productivas cierran o pasan dificultades y que, mientras peor sea la situación económica, más prosperará. En mi barrio apenas quedan locales que no sean expendedurías de alcohol.

Mientras tanto, la acción municipal en el mantenimiento del orden brilla por su ausencia. Los jueves, viernes y sábados, sobre todo, la música, el ruido, los gritos, las canciones, los aplausos, los bocinazos, campan libremente pasadas las cinco de la madrugada y el derecho al descanso de los vecinos, integrante del derecho constitucional a la salud y conectado, finalmente, al derecho a la vida, es pisoteado con aautorización municipal.

Ignoro si algún concejal o autoridad municipal sufre lo mismo o duerme o vela preocupado por el voto del tránsfuga, pero su acción no se aprecia. En tanto las plantillas burocráticas de asesores y otras hierbas se incrementan, los servicios públicos se deterioran.

Me preocupa, no que los jóvenes se comporten como tales, sino que el cubo de plástico o el vaso lleno de alcohol y la juerga nocturna puedan ser sus únicos valores. Me preocupa que, mientras las empresas productoras de bienes y servicios cierran o pasan dificultades, el único negocio que prospere sean las expendedurías de alcohol. Me preocupa la inactividad administrativa en el mantenimiento del orden y en la protección de derechos fundamentales porque repercute en la consideración de las instituciones que se desprestigian por la inactividad, los malos servicios o el incumplimiento del derecho. Me preocupa que, al final, lo único que podemos exportar los valencianos sea la fiesta y la noche.

18 años más tarde, con ligeros matices en la forma del consumo de alcohol y por una ampliación exagerada de las aceras, al efecto de obtener más ingresos por tasas, y un aumento de la crisis económica,  el artículo, como dije antes, es plenamente válido en la actualidad y puedo decir que me siguen preocupando las mismas cosas

LOS FUNCIONARIOS Y EL DESPIDO

Ya está de nuevo el tema en el candelero, ¿ha de poderse despedir a los funcionarios?. Bueno en realidad se dice a "los nuevos funcionarios". En este blog ya se ha tratado mucho del tema, sobre todo de la naturaleza de los funcionarios y del concepto restringido de la función pública, pero al leer el post de ocortes no pude evitar el pronto comentario en el que se dice sin más lo que se piensa en el momento. Lo cierto es que todo parte del comentario de un empresario al que se califica de exito y del que ignoro su conocimiento del funcionamiento de las Administraciones públicas y de sus leyes y también del aprovechamiento del tema por los medios de comunicación. Los comentarios de los empresarios me merecen todos los respetos pero no creo que su simple condición de tales les confiera una autoridad especial en el señalado tema de la Administración pública, ni siquiera respecto de la eficacia que se predica de la empresa privada, pues no hace falta mencionar ejemplos de empresas fallidas y situaciones penosas de sus empleados y que sin embargo gozaban de popularidad y publicidad notorias que hacían pensar en su bondad y eficacia, cuando sin embargo su quiebra ha demostrado su mala administración o dirección en su caso.

Reitero que los funcionarios públicos, en su sentido estricto, son los que ejercen potestades y autoridad en defensa de los intereses generales y que garantizan, por tanto, el ajuste a derecho de los actos administrativos y, en su caso y a alto nivel, la eficacia de las políticas públicas y de la gestión en general. Su legitimidad surge de un nombramiento que obedece a la superación de las pruebas legalmente establecidas que, a su vez, han, constitucionalmente, de haber cumplido con los principios de publicidad y libre concurrencia, de la igualdad y del mérito y la capacidad. Han de ser objetivas y los tribunales o comisiones juzgadoras presididas y compuestas por personas objetivas, imparciales, neutrales y expertos en los conocimientos a comprobar y puntuar. No los nombra una persona concreta sino el representante de la Institución que, a su vez representa a la población o pueblo correspondiente; es decir, a los ciudadanos que son sujetos de dicha institución o Administración pública. No hay una voluntad particular en el nombramiento sino una voluntad legal a través de un procedimiento regulado y sujeto a garantías, pues esos funcionarios son garantía, o deben de serlo, hasta frente al poder político y en beneficio del ciudadano. Han de ser - no digo que lo sean- freno de la arbitrariedad y de la ilegalidad.

Como consecuencia de todo ello su "despido" es la separación del servicio o la suspensión de funciones según la gravedad del asunto y ya hemos hablado también de cómo, cuando interesa esta separación se produce de modo tajante e, incluso, frente a otros casos como el de los jueces, lo es a perpetuidad e impide que puedas acceder de nuevo a la Administración pública, al exigirse "no haber sido separado del servicio" para el ingreso (Artículo 56.1 d) del EBEP) de modo despropocionado según cual sea la falta que causó el cese definitivo y de modo que no existe en el sector privado. Y dada la gravedad y como garantía, ya hace muchos años, un siglo, que se acabó con los cesantes sobre todo para los empleados modestos no protegidos por sus reglamentos, a cambio de una renuncia al derecho a la huelga y a la sindicación, prohibida hasta la Constitución vigente, para todo empleado público, entonces unidos bajo la denominación común de funcionarios públicos.Creo que muchos, al margen de lo "correcto políticamente", verían con buenos ojos que en los servicios públicos se regulará el derecho a la huelga de modo más favorable para el ciudadano y evitando abusos evidentes en momentos determinados.

Por tanto, como en el concepto tenemos funcionarios que no ejercen autoridad ni potestades y cuyo trabajo materialmente no difiere del de cualquier otro trabajador, la razón de su permanencia tiene esas raíces históricas y una justificación en el desempeño de empleos públicos y la necesaria garantía de que todos puedan acceder a ellos en condiciones de igualdad y no por designio, capricho o arbitrio de cualquier dirigente, político o no, de la correspondiente Administración, la cual no puede ser patrimonio de nadie, ni es "empresa" particular de nadie, ni nadie se juega su dinero en ella, salvo los ciudadanos. Por ello, despido sí, con otro nombre y con garantías; eso establecen las leyes de la función pública desde principios del siglo XX y eso creo que corresponde.

Además, no olvidemos que empresarios, lo que se dice empresarios que arriesguen su patrimonio, no existen en la Administración pública. Sus empresas aunque sean regidas por el derecho público se alimentan, total o parcialmente, del presupuesto público y las pérdidas él las asume, no el bolsillo del directivo o político que lo nombró, pues los dirigentes empresariales públicos son designados a dedo y, en buena parte, gozan de garantías en forma de indemnizaciones para el caso de despido que ya quisieran los funcionarios en un aprovechamiento más de los fondos públicos que causa vergüenza a los funcionarios con concepto del "servicio público".

Ahora bien, que el sistema no funciona o funciona sólo cuando se quiere; que no hay directivos públicos de verdad que garanticen la buena gestión; que hay corrupción política; que predominan intereses corporativos y burocráticos; que los funcionarios, en su mayor parte y en los niveles medios y altos, son de libre designación y no garantizan nada; que hay funcionarios que no trabajan; que cada día la preparación es menor; que las oposiciones no son objetivas o son de hecho restringidas en favor de algunos; que nadie quiere un funcionario fuerte y menos que nadie el político; que la moral o la ética no existen; que la organización pública es excesiva; que sobran empleados públicos; que la intervención pública cada día es mayor; que el pesebre o la tarta se incrementa cada día más; que la carga impositiva y el gasto público son cada día mayores, etc. Bueno, pues no es culpa del funcionario sino producto de la voluntad política y si hay demasiada Administración, no les quepa duda que el ordenamiento jurídico administrativo y de la función pública tiene previsiones y soluciones adecuadas. Si cuando es necesario no se aplican, no puede achacarse al funcionario público y su conducta; hay que mirar más alto. Aquí cabe decir también ¡Dios que buen vasallo si hubiese buen señor¡

LA GESTIÓN PÚBLICA DE DERECHO PRIVADO

A estas alturas de desarrollo de este blog creo que mis lectores serán conscientes de que muchas de las consecuencias de la que se ha dado en llamar nueva gestión pública no me convencen plenamente. Ello no quiere decir que me entusiasme la conducta habitual de muchos funcionarios o la gestión burocrática tradicional. La mayor parte de mis reflexiones, ideas o conceptos parten de esquemas formales que considero idóneos, pero que hay que convenir que en la realidad se subvierten o no llegan a ser realidad. Pero es evidente que los esquemas formales en los que se funda buena parte de la teoria de la nueva gestión pública también son objeto de subversión y de ineficacia. Y es que no hemos de olvidar que el "gran directivo" de la Adminisración pública es el político o los políticos que están en el ápice de su piramide organizativa o estructural, todo ello sin perjuicio de la presencia de múltiples intereses sociales, burocráticos, de partido, sindicales, etc. Incluidos los de los propios vendedores de doctrina adminisrativista o de gestión.

Viene al caso esta reiteración de ideas, ya manifestadas en otros momentos en casos de corrupción de organizaciones fundadas en el derecho privado, pero dependientes en parte del presupuesto público y con directivos o miembros pertenecientes a los partidos políticos y gobiernos de turno, por una noticia, que supongo contrastada, sobre la gestión de una depuradora en Pinedo (Valencia), que nos proporciona el diario Las Provincias en la que anuncia que la Fiscalía y el Tribunal de Cuentas investigan una trama de empresas fantasma que emitió en seis años facturas por cientos de miles de euros a la planta de dicha depuradora.

Como es natural, parto de la noticia y no de un conocimiento exacto y directo de los hechos, los cuales sólo me sirven para acercar el agua a mi molino y evidenciar, una vez más, que la gestión pública basada en el derecho privado ha de ajustarse a los principios básicos o fundamentales del gasto público, ya de por sí bastante suavizados con el tiempo, y sobre todo se ha de perseguir que estas estructuras o personas jurídicas de derecho privado no constituyan formas de eludirlos o de financiaciones espúrias, utilizando los instrumentos que el derecho privado ofrece. No sólo se ha de cuidar esto en los casos en que la utilización de estas formas de organización sean adecuadas al fin que se persigue o a la actividad a realizar, sino también que no se utilicen cuando no es adecuada a dichos fines o la organización correspondiente no obtiene ingresos de su actividad o no actúa en el mercado.

Los políticos se apoyan en la doctrina que favorece la privatización precisamente como un modo más actual de escapar del derecho público, lo que puede comprenderse cuando realmente se persiguiese una eficacia mayor, pero no cuando lo que se pretende es gastar sin control alguno o para fines distintos de los que corresponden a la organización creada o gestionada, porque entonces ésta deja de ser el instrumento de eficacia para pasar a ser el de la corrupción o empleo del dinero público de forma ilegal o no permitida por el ordenamiento.

Amparados en la discrecionalidad administrativa, en que se trata de un factor organizativo metajurídico según alguna jurisprudencia, en el silencio de los funcionarios públicos encargados de informar al respecto o en su apoyo a las teorías en boga o en la discrecionalidad apuntada, y en los apoyos externos de teóricos y empresarios de la gestión pública, los políticos han creado espacios de gestión con fines distintos a los que corresponden a la organización. En los últimos años de mi ejercicio como funcionario han sido múltiples las ocasiones en que he tenido que discutir respecto a la creación como empresas o personas de derecho privado de organizaciones para realizar actividades exclusivamente burocráticas o que no generaban ningún ingreso o se alimentaban sólo de presupuesto público y que se ajustaban mejor a otras figuras reguladas por el derecho administrativo y que a él se sujetaban.

Ya no estoy al día en la normativa de intervención y contabilidad de estas organizaciones, pero si escapan de la intervención pública o esta es meramente formal o documental no puede extrañar que la situación que describe la prensa pueda ser real. Nada bueno en definitiva, por dos razones por la corrupción del sistema y por la quiebra de posibles soluciones racionales que pierden sentido para convertirse en simple instrumento de los políticos y negocio para terceros, pero que no cumplen con los intereses generales.

LA JUBILACIÓN PARCIAL UN DERECHO INEFECTIVO

Sevach en más de una ocasión,(y pueden leer la última que yo conozca) nos ha explicado muy bien que de nada sirve que los Tribunales de Justicia le reconozcan el derecho a la jubilación parcial como funcionario, ni siquiera que se declare la ejecución provisional de una sentencia favorable. Tampoco parece que le serviría que la misma Administración pública le reconociera el derecho en aplicación de la Ley y la jurisprudencia contencioso administrativa. El problema final es que la parte que corresponde pagar a la Seguridad Social no se la dan sin una previa discusión con dicha Administración, por lo que el favorecido por el reconocimiento del derecho se arriesga a trabajar a tiempo parcial y no percibir todos sus derechos económicos, con lo que sale perdiendo y se encontraría en una situación claramente desfavorable.

El afectado, tiene un derecho que para ser plenamente efectivo necesita de otro acto administrativo dependiente de la Seguridad Social que dice no tener crédito o dotación para hacerlo efectivo, sin perjuicio de las alegaciones relativas a la necesidad de un plan previo que ya la jurisprudencia contenciosa no considera necesario o imprescindible. Por ello la ejecución de la sentencia por la Administración obligada a reconocer el derecho a la jubilación parcial colocaría en una desfavorable situación al interesado que no percibiría la parte correspondiente a la pensión. Incluso para poder reclamar una responsabilidad patrimonial has de conseguir previamente un acto administrativo en el que la Seguridad Social te niegue la pensión. ¿Quién, pues, se somete a esta situación? Mejor renunciar a  más acciones pues es peor el remedio que la enfermedad.

Para mí son inconcebibles situaciones como esta y no sólo es producto de una descoordinación entre Administraciones públicas, sino fruto de una pésima actuación de la Administración del Estado y también del poder legislativo, ya que si se ha declarado y reconocido por una ley, en este caso en el artículo 67 del EBEP, un derecho, ello debe de ir acompañado de la dotación económica correspondiente y para ello es obligado, según el artículo 22 de la Ley 50/ 1977, del Gobierno, que se acompañe una memoria económica que contenga la estimación del coste a que dará lugar la ley correspondiente. Era y es obligación del Gobierno estatal que el coste estimado, en el que lógicamente ha de considerarse las posibles jubilaciones parciales a producirse, dé lugar la correspondiente dotación económica o crédito en los primeros presupuestos o ley de acompañamiento, para que la Seguridad Social pueda hacerlo efectivo o que junto con la ley se tramite la ampliación del crédito existente o la aprobación de un crédito extraordinario. Pero la realidad es que queda muy bien y muy moderno y muy igualitario reconocer derechos sin preocuparse de que la Administración cuente con los medios necesarios para su efectividad. Un legislativo que se precie debe exigir a la Administración que acompañe los documentos necesarios para la existencia de crédito de modo que al aprobar la ley se la dote de medios económicos para su eficacia.

No se puede ni siquiera considerar que existe una política pública en el concepto que el profesor Baena del Alcázar nos ofrece, pues, según él, sólo cabe considerar que hay una política pública cuando se cuenta con los medios para hacerla efectiva o ejecutarla, dotación de medios o previsión, en su caso, que corresponde realizar a la Administración pública. Si ésta no interviene o lo hace con posterioridad al acuerdo, no se garantiza la eficacia correspondiente y se mal administra y la política es una farsa y el descredito institucional se incrementa.

LAS CORTES VALENCIANAS Y SUS GASTOS

En Valencia, este fin de semana, Les Corts han sido noticia en la prensa diaria, ya que con motivo de una ampliación física de sus locales tienen que adquirir mobiliario. Pero el importe de los gastos es lo que ha provocado diversos comentarios. Así en las Provincias del sabado puede verse este y el siguiente editorial  y el domingo una detallada referencia de los gastos, enlaces en los que el lector puede hacerse una idea de la situación. En Valencia durante la presidencia de D.Julio de España los diputados gozaron de espléndidos regalos navideños y los gastos de protocolo se triplicaron.

Lo que nos cuentan, estoy seguro que no es un problema único de las Cortes Valencianas sino que es común a los poderes legislativos autonómicos, pero al margen de lo impresentable de la cuestión en estos momentos económicos, lo que me sugiere la situación es un comentario más general y político respecto de nuestros diputados y "representantes" del pueblo, pues amparándose en su "excelsitud" y categoría parecen considerarse el ombligo del mundo en virtud de su consideración de electos. Estos poderes legislativos de segundo orden se consideran el máximo poder en su territorio, a nadie subordinados y hasta sus reglamentos organizativos tiene valor de ley y sus funcionarios leyes especiales. Nuevos reyes soles aparecen en el firmamento y sólo se someten, con matices, a las leyes estatales básicas y orgánicas y por supuesto a la Constitución española reinterpretada y acomodaticia.

Son electos se dice, pero lo son por el partido de turno y en él se refugian, amparan, sirven y obedecen, pues de él obtienen sueldo, dietas, pensiones e indemnizaciones al cese. Fieles vasallos del partido a él trasladan toda responsabilidad y sean listos o ignorantes, trabajen o no, perciben su estipendio y gozan de sus privilegios. Estos poderes, son también Administración pública, no en el sentido que nos ha venido ofreciendo el Derecho administrativo y la Ley de la Jurisdicción, pero sus actos son controlables por ésta salvo que se amparen en el señalado rango o valor de ley. Muchas de sus actuiuaciones debían someterse a las leyes comunes y no ampararse en regulaciones especiales. Se ha constituido una casta privilegiada que depende de los partidos políticos o lo que es lo mismo de los poderes ejecutivos, normalmente presididos por quien domina el partido. No son diputados, no son representantes del pueblo, son burócratas obedientes y, además, gastan sin freno. El partido sabe que buena parte de los españoles votan a un partido o contra un partido y que tienen un buen número de votos garantizados, ¿qué importa entonces quién vaya en las listas? Además esta situación es preferible a que te salga un diputado o varios contestarios que te cambién lo decidido por el partido.

Es exacto que la división de poderes está muerta como dijo Alfonso Guerra, !bien debía de saberlo! No hay ni siquiera dignidad. Materialmente vamos a llegar al socialismo por la subvención o la inanición y muerte por individualistas y con la contribución de la llamada derecha. Al final le van a dar la razón al Franco o sus consejeros y asesores y demostranos que partidos, sindicatos y nacionalismos son los males de España. Pero no piensen que si se deshace España se acaban los males, pues permanecerán en cualquier territorio, nación o país, salvo que reaccionemos a tiempo.

Una desaparecida anciana, muy conocida por su presencia en los aledaños del Palau de la Generalitat, Corts y Consellerias cercanas, que vestía impolutamente de blanco con falda avolantada, su moño y un rollo de papel higiénico colgando del cuello, cuando veía pasar por delante de ella grupos de personas trajeadas, decía despectivamente !Políticos! Tenía razón, cómo si no iban a tener para comprar traje.

TERCER ANIVERSARIO

El pasado día 3 este blog cumplió sus tres años de existencia.En este momento el contador de visitas que se inició a finales de marzo de 2008, señala 88955 visitas y el principal seguimiento en este año se produce desde Madrid y Valencia en España y un buen número de visitas provienen de Venezuela, Méjico y Colombia. La presencia de países sudamericanos es importante.

Sólo cabe agradecer a todos nuestros seguidores su fidelidad y esperar que podamos seguir despertando su interés.

Muchas gracias.

POLÍTICAS PÚBLICAS, GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ESTRUCTURA

Las políticas públicas es una cuestión que está de actualidad y es referencia permanente tanto en la doctrina política como en la administrativa como en los medios de comunicación. Tanto Manuel Arenilla como yo hemos tratado con frecuencia del tema. Desde mi punto de vista, claramente influenciado y siguiendo a Baena del Acázar, las considero, del mismo modo que al acto administrativo respecto del Derecho Administrativo, el punto de referencia central o nucleo principal del que partir para explicar la Ciencia de la Administración y la actividad administrativa pública. Las políticas públicas nos permiten referir, en el seno de la Administración pública, tanto la actividad política como la del directivo público, la de los altos funcionarios y la de la administración en general.

Pero hay ocasiones en que conceptos elaborados por la doctrina se popularizan y utilizan en exceso, con diletantismo y con efectos perversos desde el punto de vista de la organización administrativa y de los intereses públicos. Traigo la cuestión porque percibo que, en muchos políticos, o en política, al tratar de manifestar la importancia que se otorga a una determinada política pública se tiende a dotarla de una organización que resalte dicha importancia y su presencia en la sociedad y respecto de los destinatarios de la política correspondiente y vemos y hemos visto como es frecuente que a una sola política pública se le dote del máximo nivel organizativo de una Administración pública, sea ministerio, consejería o concejalía. Con la consecuencia inevitable de que, pese a las manisfestaciones de que la estructura de la organizzación será mínima, tienda a ser similar a la de ministerios con más importancia, si bien no en el número de direcciones generales, sí en la organización asistencial general y en la de asesoramiento político. También es frecuente que se trate de paliar el efecto negativo haciendo que la nueva organización se ocupe de otra política pública y las competencias que a ella correspondan.

Desde el punto de vista de la gestión pública, del buen hacer y la buena administración, lo lógico es que la importancia o estructura de la organización esté en consonancia no con la importancia que se otorgue a la política pública sino con el volumen de gestión administrativa que ella implique. El número de servicios a prestar a los ciudadanos, sea en el estricto concepto del servicio público sea en el de la producción de actos administrativos con efectos jurídicos en aquéllos, debería ser el determinante de la organización y estructura correspondiente. En tiempos de crisis esta debería de ser una consideración básica para restringir el gasto público, no hace falta decir, partiendo de esta consideración y sin tener en cuenta las posturas y propaganda política, los departamentos que en cada una de nuestras Administraciones públicas sobran o debían quedar, todo lo más, como simples direcciones generales.

Muchas son las entradas de este blog que se relacionan con lo aquí dicho, demasiadas para poner un enlace, pero ya que nos hemos referido a los ministerios vale la pena recordar esta de 15 de abril del 2009.

VALENCIA, SU POLÍTICA MUNICIPAL Y EL BOTELLÓN

Valencia es una ciudad que se ha desarrollado espectacularmente debido a algunas grandes obras y algunos acontecimientos y eventos. Así la ciudad se ha abierto al mar, la playa de la Malvarrosa, su paseo y sus restaurantes son factor para ello, pero sobre todo a partir de la Copa América y el circuito  urbano de Fórmula 1 alrededor de su puerto, el cual ha su vez ha incrementado su tránsito comercial y turístico, con la llegada cada día de más cruceros. El turismo es, pues, una de las políticas más evidentes de las instituciones municipal y autonómica.

Esta actividad dirigida al turismo se muestra en íntima conexión con la proliferación, de bares, pubs y restaurantes ubicados no sólo en las zonas señaladas sino también en distintos barrios de la ciudad, que conforman el ámbito de la vida nocturna de la ciudad, todavía más desarrollada por los hábitos de los jóvenes estudiantes nacionales y extranjeros que proliferan en la misma y que, incluso, conforman hoy un sector muy importante de los habitantes de algunos barrios, como es el caso del que yo vivo. Todo ello se traduce, también en la existencia de intereses económicos del sector denominado hostelero que realmente está configurado por tipos muy variados de establecimientos y titulares de los mismos. La ciudad, el Ayuntamiento, ha ampliado la anchura de las aceras para facilitar la colocación de mesas y sillas, obtener más ingresos y facilitar que locales pequeños puedan subsistir gracias a la ocupación del dominio público, con sacrificio en espacios de aparcamiento y en detrimento de los vecinos.

Pero no todos los "clientes" de la movida nocturna ciudadana están dispuestos a gastar el dinero que supone la bebida que necesitan para su diversión; quedan en bares que proporcionan una primera cosumición sólida y liquida de modo muy económico y que han proliferado sólo a dicho efecto, para luego con sus bolsas llenas de botellas de alcohol, refrescos y bocadillos ocupar la calle bebiendo, cantando, gritando, meando, etc. Ayer el diario de Las Provincias recogía los últimos acontecimientos en mi barrio y, en consecuencia, algo de lo padecido por los vecinos y por mí mismo. Esto en una zona declarada como acústicamente saturada y que ha sido objeto de sentencias favorables por afectar la inactividad o permisividad munisipal a derechos fundamentales de los vecinos. La zona denominada de Tarongers en la cercanía de las facultades se ha convertido en el "botellódromo" que, paradójicamente, no se quiere establecer en zonas alejadas de la ciudad, y los policías se limitan a controlar el acceso a la zona, a hacer recomendaciones paternales e, incluso, a realizar campañas de orientación a los estudiantes de Erasmus para decirles que, como en sus países, beber en la calle está prohibido, al igual que hacer ruido, y que se les puede multar hasta con 600 euros. Vamos, unas hermanitas de la caridad o simples impotentes ante la provocada realidad que les supera.

Así, pues, pese a los factores favorables señalados, personalmente no estoy nada contento con la administración municipal, connivente con los intereses económicos, sin distinguir entre empresarios buenos y malos, o cumplidores estrictos de las normas o quebrantadores empecinados de las mismas. He visto ante demandas de los vecinos perjudicados por algún establecimiento, con sentencias favorables deciciendo que se revoque la licencia correspondiente y con aquietamiento del ayuntamiento, no ejecutarlas; es decir, no revocar, solicitarse la caducidad, incorporar al expediente a un tercero pretendiente de una transmisión de la licencia a revocar y alegar el Ayuntamiento no atender a la petición de caducidad, ya en vía judicial, porque podía perjudicar la ejecución de la revocación. La verdad es que la defensa del interés del transmisor de la licencia es evidente, mientras que al vecino se le obliga a la permanente reclamación y recurso, mientras que el derecho declarado se incumple.

En fin, veo mucho efecto cara a la galería, mucho populismo en las autoridades municipales y un enorme desprecio al simple ciudadano, cornudo y apaleado, porque no puede vivir con normalidad en su barrio y porque paga los impuestos que no pagan, ¿por qué no decirlo?, los borrachos de los que se va a depender en el futuro. En este sentido la política municipal, con medios o sin ellos, nada tiene que ver con los recuerdos de la administración de mi niñez presidida por una clara actividad policial. ¿Que harían hoy serenos y vigilantes? Y para acabar ¿cuanto gasto público provoca el botellón? ¿supera los ingresos por licencias y por tasas de ocupación del dominio público?

MI HEMEROTECA: Justificación

En principio de 1990 cesé en el cargo de Director del Instituto Valenciano de Administración Pública y pasé un año castigado a la inactividad de servicio, pero con presencia física en oficina pública, hasta que por concurso obtuve, con entrevista incluida, un puesto de trabajo de asesor jurídico. A partir de entonces reanudé mis colaboraciones en el diario Las Provincias de Valencia con mís artículos de opinión. Aprecié poco a poco  algunos frios saludos en personas todavía afincadas en los poderes públicos y políticos, sobre todo de los antes cercanos a mi actividad, ello condujo a que, al efecto de que quedara clara mi postura, en 6 de junio de 1992 publicara el siguiente artículo:

Periódicamente, pero con frecuencia, vienen apareciendo algunos artículos míos en este diario relativos a temas de Administración Pública en sus facetas generales, pero con claros matices jurídicos.

Soy consciente de que mi condición de funcionario, la de profesor de Derecho Administrativo en un centro privado y anteriores responsabilidades directivas en la Administración de la Generalidad Valenciana, determinan en todos los sentidos los temas que son objeto de reflexión en dichos artículos y en los que puedan venir, si sigo sintiendo la necesidad de exponer mis puntos de vista o precisar lo que yo creo que corresponde en cada caso.

También soy consciente de un posible, para algunos tono profesoral de mis escritos que pueda no agradar y el sentido crítico que adquieren mis reflexiones e, incluso, de que por las razones anteriormente señaladas, puedan algunos sentirse afectados directamente o mal entender mis intenciones.

Con carácter general el sentido crítico forma parte de mi personalidad y pretendo que el autocrítico también; quizá mi actual situación de espectador y no de responsable, más o menos directo, pueda agudizar, al contemplar los problemas desde fuera, el carácter crítico de los escritos y, al generalizar, algunos pueden sentirse molestos. Pero 28 años de dedicación y estudio de un tema como las Administraciones Públicas en casi todas sus vertientes y mi formación jurídica, me hacen claramente consciente de su importancia y repercusión general y, por ello, no voy a renunciar a cualquier tema que afecte a las mismas y, consecuentemente, que nos afecte a todos directamente.

No hay, pues, ningún ánimo peyorativo ni revanchista, simplemente es un hecho vocacional y una necesidad que incrementa mi actual situación personal. Por ello, en el futuro puede que nos adentremos a explicar algunas cuestiones que afectan a lo que hoy ridículamente se ha dado en llamar " modernización de las Administraciones Públicas" y que la mayor parte de las veces se viene reduciendo a convertir a los ciudadanos, antes administrados, ahora en clientes, o a dedicar una buena parte de la actividad que debía ser de gestión, organización y dirección en mera propaganda o pretendida creación de imagen; bajo la también pretensión de que ello supone una actuación acorde con la eficacia de la gestión empresarial, cuando realmente resulta que es muestra de que para muchos es más importante parecer que ser.

En fin, nada nuevo para mis lectores, sólo 18 años más, una situación peor que nunca, mayor escepticismo por mi parte y menos ganas de seguir con el tema, pues al igual que en su día dejé los artículos por pensar que no servían para nada, igualmente hoy empiezo a opinar lo mismo respecto del blog, contando también con que pesa su mantenimiento.

LA ADMINISTRACIÓN DE MI NIÑEZ

Se me ha ocurrido tratar de recordar que presencia tuvo la Administración pública en mi niñez, es decir en la década de 1940 y principios de los cincuenta y el ejercicio se puede resumir en una acción principal el orden público. Policías nacionales, guardias de jardines, vigilantes y serenos, usos y consumos con funcionarios uniformados y gorras de plato, racionamientos y transportes. Eso es lo que acude a mi mente, esa es mi percepción, el recuerdo del niño. Por supuesto que tenía que haber muchas más cosas, pero no las percibía y otras serán las de adolescencia si hago memoria.

Lo significativo, más allá de estarme refiriendo a la época de la dictadura franquista, es que el orden público tenía una presencia vital y que si lo comparo con mi percepción de anciano o al menos de hombre de la tecera edad, resulta que lo que más hecho de menos es el orden público en los aspectos más cotidianos, tráfico, vigilancia, molestias y ruidos, ciclistas y motoristas campando por sus respetos, el más absoluto desprecio por las normas de convivencia, etc. Pero además, los hechos producidos en la huelga general y los especiales de Barcelona, me producen una gran sensación de bochorno y una imagen de los poderes públicos o, al menos de sus máximos dirigentes, de lo más pobre. Creo que todo es consecuencia de un utilitarismo exacerbado en la administración de dichos poderes y de su finalidad electoral o, en su caso, de desprestigio del oponente político. Pero hay tantas causas acumuladas que estimo que ya no estamos educados para ejercer de ciudadanos conscientes del fracaso al que nos dirigimos, sino al contrario que se nos ha adomercido plenamente y esperamos el maná del papa Estado, sin que sea necesaria ninguna acción de nuestra parte. Nada es necesario merecer sino que todo nos es debido. Incluso en política, pues, la acción no es precisa, sólo basta con que el enemigo se desgaste para tratar de conseguir el poder.

Pero es que hemos de ser conscientes de que el orden público no es sólo la presencia policial, aspecto vivo, sino el mantenimiento de las instituciones que sostienen a la sociedad y la seguridad necesaria para que la actividad económica, la riqueza y nuestra tranquilidad y nuestros valores sean efectivos, no se trata de que unos cuantos bajo el ropaje de la política y del partido sean los dictadores que se apropian de toda la organización para hacer su agosto a costa de los ciudadanos, mientras nosotros idiotizados vivimos los días de vino y rosas, del futbol o de las tertulias de los medios de comunicación. Un síntoma de la dictadura real en que vivimos es que de nuevo empiezo a escuchar que es mejor no implicarse, no aparecer, ni, por tanto, molestar al poder instituido por las consecuencias que puede traernos.