La denominada Operación Guateque en el Ayuntamiento de Madrid que pone de manifiesto una posible trama de corrupción y cohecho en una Administración pública, ha hecho correr tinta al respecto, poniendo de relieve principalmente el hecho del cobro de unas cantidades por acelerar la tramitación de licencias de actividad de establecimientos, se entiende que tanto de las de obras como las de apertura. Y siendo este hecho de cobrar por tramitar fuera de turno, cuando se produce, ya de por sí suficientemente corrupto y evidenciador de una Administración que primero funciona mal y, después, se aprovecha de ello, si no es que funciona mal para obtener provecho, no es el único efecto que comporta, ni el que paga es el único perjudicado, si es que cabe considerarlo como tal y no como contribuyente a que la situación malsana se consolide.
Los que viven situaciones derivadas de licencias concedidas por Ayuntamientos que no se ajustan a derecho o que les causan molestias o son insalubres, etc. perciben algunas cosas más que pueden, una vez puesto de manifiesto el caso de Madrid, revelar que la situación no es aislada y que es obligación de los políticos y de los buenos funcionarios cortar de raíz cualquier sospecha, preocupándose un poco más de la actividad administrativa cotidiana y no sólo de los grandes fastos y obras de impacto urbanístico y económico en su caso. Estas gotas que son las licencias administrativas causan más desprestigio y deslegitimación de lo que parece, pues producen efectos que podemos llamar colaterales según expresión en boga. Y para comprenderlo basta con pensar en el hecho de si cuando se paga para que se tramite una licencia no se paga realmente para obtenerla y si cobrar para otorgar licencias no significa cerrar los ojos ante determinadas irregularidades o incumplimientos de requisitos legalmente establecidos para ejercer la actividad correspondiente.
Creo que de eso pueden saber mucho los vecinos de las mal denominadas zonas de ocio, pues resulta chocante cómo las denuncias no surten efectos, o cómo la Administración los da por subsanados de inmediato y cómo se traspasan negocios ilegales y renuevan las licencias, etc. El simple ciudadano al que le cae “en suerte” una actividad molesta bajo su casa o una proliferación de locales que convierte a su barrio en una zona no de ocio sino invadida por los bárbaros, sabe bien a lo que me refiero. Su calvario empieza con un teléfono de la policía automatizado que le dice: En este momento no podemos atender su llamada…y puede tener que finalizar en Estrasburgo, tras haber pasado por Juzgados, Salas y Tribunal Constitucional. Y si pierdes en primer instancia, hay que soportar las risas del Alcalde del pueblo y la mofa de “empresario” e, igualmente, ocurre si te dan la razón pero el asunto vuelve a la Administración para que actúe, pues de inmediato subsana y tienes que volver a empezar. La realidad, es que se ha pagado por mucho más que un simple trámite y que el efecto se garantiza, además, porque el corrupto, según Administraciones, puede ser también el político, sino es que piensa que contribuye a la mejora económica y empresarial de su pueblo, dicho sea con ironía. Pero sobre todo la garantía mayor es una Justicia más que lenta. Por lo tanto, el verdadero perjudicado es el ciudadano de a pié que no paga licencias, que sólo paga impuestos y que además sufre el deterioro de su barrio lleno de cutres establecimientos que expenden alcohol a jóvenes y viejos o de mesas en aceras ensanchadas al efecto por el Ayuntamiento, que también hace su agosto con licencias que se pagan antes de las concesiones, sin que puedas andar sin sortear obstáculos o te encuentres los coches de los consumidores aparcados en el paso de peatones, sino es que te atropella la bicicleta o la moto que circula por la acera. Como las licencias de la construcción menguan, hay que sacar dinero de otras partes y una es el dominio público y las concesiones sobre él ¿Quién gana? ¿Quién pierde?
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