En el diario de Las Provincias de hoy viene una noticia según la cual los profesores irán a la huelga y a una manifestación, por mostrarse contrarios a un sistema de adjudicación de plazas por ordenador y exigir adjudicaciones presenciales. Noticia que pone de actualidad el post de Julián Valero sobre las garantías jurídicas de la Administración electrónica y que por eso incorporo ahora.
La noticia no ofrece con claridad que sistema se ha seguido y se piensa seguir, ni se puede deducir si hay una verdadera razón en las exigencias de los profesores y sindicatos, pero en este caso la causa, en principio, no se puede atribuir al Derecho administrativo la causa, pues parece que la razón es el procedimiento que en sí mismo no es lo jurídico. Los procedimientos se dirigen a la eficacia, si bien han de tener en cuenta los derechos y principios establecidos y parece que los profesores se fían más del sistema de lección en sesión pública de las plazas que de una petición a través del ordenador.
Por mi parte que he sido parte, representando a la Administración, en múltiples elecciones de plazas del profesorado, la noticia me hace reflexionar en el sentido de que es evidente que los profesores por un sistema informatizado no saben lo que pasa hasta la resolución y ésta les obliga a un control muy pesado y comparativo de peticiones, servicios, en su caso, número de orden o puntuaciones. En cambio en un acto público con presencia directa de interesados y con representantes controlan el procedimiento en todo momento y según como se organice la cuestión hasta pueden salir con el nombramiento debajo del brazo. Un sistema antiguo pero para el profesor más eficaz. En fin, el problema está ahí y como se dice corrientemente lo mejor puede ser enemigo de lo bueno o más vale bueno conocido que bueno por conocer. La administración pública no es nada sencillo.
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