En el diario Las Provincias dan esta noticia, y en ella se nos dice que casi 70 municipios valencianos se quedan sin colegios públicos en castellano. Esta situación se produce tras varios años de, bien perseguir que el valenciano sea lengua para todos los valencianos y "sumergir" en ella a los niños desde el principio de la enseñanza o, bien, ya en estos momentos, de erradicar realmente el castellano y proceder a la catalanización que es meta de bastantes de los valencianos que creen en esa idea de los países catalanes. Sobre esta situación me he referido en diversas ocasiones y remito a la etiqueta catalanismo en el blog a efectos de adoptar una opinión y valorar.
El caso es que tras varias modificaciones del Estatuto de la Comunidad Valenciana dirigidas a reforzar cada vez más el valenciano y el derecho a conocerlo y usarlo, lo que se está produciendo es una negativa a los derechos de los castellano-parlantes, mayoría en la Comunidad valenciana, y siendo el español o castellano lengua exclusiva en algunas de sus zonas. Que hoy en esos casi 70 municipios no puedan tener un centro público en el que sus hijos reciban la enseñanza en castellano, sin perjuicio de la enseñanza del valenciano, tiene unas consecuencias legales importantes en cuanto a derechos fundamentales y constitucionales que se ven subvertidos y manipulados aprovechando la molicie, ya no como se decía de los valencianos, sino de quienes como gobernantes tienen la obligación de satisfacerlos y de armonizarlos. Para mí una verdadera vergüenza que nada tiene que envidiar a los llamados comportamientos fascistas, nazistas o totalitarios.
Lo malo de todo esto es que se aprovecha una legislación que se muestra en general y en abstracto conforme a esa armonía que he citado y que no se puede juzgar nada más que cuando la ley o precepto se aplica; y esa aplicación es siempre torticera, maniquea y basada en problemas de gestión o remitiendo la decisión a grupos del centro docente que puede estar ya de por sí preformado de acuerdo con tendencias a uniformar al alumno y a adoctrinarlo. No queda al arbitrio de los padres como exige el artículo 27 de la Constitución, ni se protege la libertad. Parece que el derecho de los padres se reduce a la enseñanza de la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones, pero no al resto de contenidos. ¡Cómo no incluir la lengua en que se enseñe a los hijos como derecho de los padres¡ Es contenido de la personalidad de cada cual esa lengua y si se se enseña en ella se afecta a esa personalidad. Este derecho sólo se garantiza, con la libertad de elección de los padres al matricular a sus hijos y, en buena parte, con la doble línea de enseñanza en cada centro, en valenciano y en castellano, con enseñanza, además, de cada idioma. Pero una nueva ley de la Generalidad Valenciana, la de plurilingüismo, Ley 4/2018, introduce factores graves de distorsión más allá de la retórica.
La Administración no puede primar sobra la efectividad de derechos que declara el citado artículo constitucional y los problemas de gestión se han de solucionar a la fuerza. No hay incapacidad de organización en realizar la gestión de la enseñanza tanto en castellano como valenciano y dar libertad de elección de la línea correspondiente a la voluntad de los padres; en todo caso puede haber inútiles incapaces de encontrar el procedimiento, pero no se engañen ante todo hay mala fé. En las covachuelas los artífices de todo esto sonríen entre ellos y se felicitan y en su "normalizado" lenguaje dicen: què bé ho estem fent. He sido testigo. Presumiendo, además, de que no nos enteramos de la maniobra y de lo que costaría volver las cosas a su lugar.
Y para postre no enseñan en el valenciano que hablan los padres de los niños, ni sus abuelos, sino un catalán al que llaman valenciano y que es artificial, amanerado, soso y normalitzat.
Cárcel a los artífices y multa a los que se creen todo el rollo o piensan vivir de él. También multa a los que consienten y se acomodan.
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