LOS FUNCIONARIOS Y LA ENFERMEDAD

Estos últimos días se ha resaltado la noticia respecto de que las medidas adoptadas por Esperanza Aguirre, de rebajar el salario a los empleados públicos de baja, han dado lugar a que 2.450 empleados se hayan reincorporado a su puesto de trabajo. Lo primero a destacar de la noticia es, no la de las medidas adoptadas, sino la mala imagen que se ofrece de los funcionarios, lo que alimenta la especial fruición con la que la sociedad se complace cuando el "privilegiado" funcionario queda como un vago o un mal trabaja. Pero, la realidad, al margen, es que, en la situación que refleja la incorporación de estos funcionarios, lo que se evidencia es la mala gestión administrativa general y la relajación con la que se administra el dinero público y la conducta de los políticos cuando pactan con los sindicatos medidas más favorables que las estrictamente establecidas por las leyes, en virtud de convenios y mejoras. O sea, la realidad es que hemos tenido que llegar  a una situación crítica para que se acaben los regalos y las actitudes políticas de carácter electoral a costa del bolsillo de los ciudadanos.

Lo que evidencia la noticia es que los controles que las leyes establecen respecto de las incapacidades o de la invalidez de los empleados públicos no se ejercían con rigurosidad, porque las cosas en la legalidad vigente están claramente establecidas. No es, pues, tanto el funcionario el que defrauda, sino el sistema, en el que tanto los funcionarios como los políticos tienen responsabilidad, el que no funciona o hace la vista gorda. El interés público no se contempla de ningún modo, se confunde con los intereses de clase o grupo y con los de los políticos o sus partidos o con el de los sindicatos. Las diversas burocracias que estos grupos conllevan parece que se habían puesto de acuerdo para vivir a costa del erario público y beneficiarse políticamente o interesadamente de él. La Sra. Aguirre con fundamento en la Disposición segunda de la Ley de Medidas fiscales y administrativas para este año 2012, ha aplicado estrictamente las normas de seguridad social y el efecto no puede ser más triste.

Creo que mis afirmaciones de que no hay Administración pública propiamente dicha son ciertas, esta relajación lo demuestra. Parece que la Seguridad Social es algo distinto de cada Departamento  u órgano administrativo y que esto de las enfermedades es problema de ella y no de cada administrador público y funcionario que deben aplicar estrictamente los procedimientos establecidos y velar por la legalidad y no cargar sobre el tesoro público privilegios y gangas que ningún ciudadano, consciente del gasto que implican y el compadreo que suponen, admitiría. De este modo, pues, el absentismo era, o es, un problema de los servicios de la Seguridad Social y no un problema de gestión de cada órgano administrativo y de su eficacia.

Lejos están los tiempos en los que recién ingresado en la Administración y en el Ministerio de Educación, una de las principales gestiones que se nos encomendaba, en sus Delegaciones administrativas provinciales, era la gestión del magisterio y, entre ellas, la concesión de licencias de enfermedad, rigurosa y detalladamente reguladas por el Estatuto del Magisterio, con firmes garantías precisamente dirigidas a evitar el absentismo injustificado, vigilar la capacidad de los maestros y asegurar el buen funcionamiento del servicio de la educación. Pero claro referirse a estas normas franquistas no es progresista sino un baldón que te descalifica. Repito ¡qué tristeza¡ ¡cuántos años de mala gestión¡ ¡qué derroche¡ No es el funcionario el único culpable, sólo ha hecho que desenvolverse en un caldo de cultivo que produce toda esta mala administración que se ha ido produciendo de 1978 hasta hoy. No hay que achacarlo, tampoco, a la democracia sino a todos aquellos que han olvidado el Derecho y se han erigido en legisladores materiales y correctores de la legalidad establecida a conveniencia y de ello no se salva nadie, sino recuerden los asuntos de Garzón. No sólo cabe hablar de jueces legisladores que interpretan subjetivamente la ley o la adaptan a su subjetiva forma de considerar la actualidad social, sino que el fenómeno es común a casi toda la clase política gestora de los intereses públicos, muchas veces apoyada en el asesoramiento o configuración formal que los funcionarios de ella dependientes, le ofrecen.

En resumen, hace falta una fuerte regeneración moral y un renacimiento de la importancia del Derecho público y de la garantía de los intereses públicos y de los ciudadanos. Perdonen vds. la arenga.