En este blog se procura analizar cuestiones relativas a la Administración Pública desde enfoques globales y también atendiendo a cuestiones concretas o de actualidad, en conexión con la Política y el Derecho y sin perder las perspectivas de la eficacia de las Administraciones públicas. El blog, en sus entradas, sólo admite comentarios y no se publicarán consultas, ni se responderán.
jueves, 1 de septiembre de 2011
REFORMA CONSTITUCIONAL Y ACCIÓN POLÍTICA
sábado, 27 de agosto de 2011
CÓMO SALIR DE LA CRISIS
Las soluciones basadas en una mayor implicación ciudadana tienen que abordar diversos problemas, uno de ellos es cómo lograr que la sociedad adquiera el conocimiento suficiente para poder tomar decisiones bien fundadas. Esto implica que los responsables públicos deben adoptar una posición proactiva en materia de transparencia y de rendición de cuentas. La participación ciudadana abre nuevas situaciones de riesgo, pero una política transparente hace más legítimas y aceptadas las decisiones públicas, por lo que ayuda a soldar la brecha existente entre los gobernantes y los ciudadanos.
La principal causa del ángulo muerto de visión de los responsables públicos es pensar que los Gobiernos fabrican o producen servicios, cuando realmente lo que hacen es construir democracia y convivencia a través de garantizar el ejercicio de los derechos y deberes de los ciudadanos. Situarse sólo en una lógica productivista ahonda en las situaciones de riesgo, ya que el mayor es la desafección ciudadana y la pérdida de legitimidad de las instituciones públicas y de sus integrantes. Esto conduce inevitablemente a una situación de crisis institucional.
Considerar que el ciudadano se mueve principal o exclusivamente en el nivel lógico de actuación que está dominado por valores de búsqueda de la eficacia de la actuación pública refuerza el ángulo muerto de visión de los políticos. La mayor parte de la valoración ciudadana y donde se pueden lograr grandes éxitos de validación y legitimidad institucionales se encuentra en la gestión del nivel emocional de los ciudadanos. Esto implica detectar las expectativas y deseos de los ciudadanos, una planificación de la incertidumbre a largo plazo y la exigencia de responsabilidad, transparencia, rendición de cuentas, control de la efectividad y que el ciudadano sienta que es verdaderamente la referencia de los gobernantes.
En épocas de crisis se suele afirmar, a veces como consuelo, que se viven momentos de gran oportunidad para cambiar el futuro. Para que esto sea cierto en las instituciones públicas, sería necesario que los gobernantes y los políticos en general contemplaran más elementos y actores del entorno en el que actúan los Gobiernos, innovaran internamente y eliminaran inflexibilidades organizativas. Sin embargo, no basta una mera innovación ya que, si no se establecen nuevos referentes de actuación, la innovación se implementaría con unos mismos referentes lo que mantendría o profundizaría los riesgos actuales y conduciría a la institución a caer en un futuro próximo en nuevas situaciones de crisis. Sin unos nuevos referentes para las organizaciones públicas y para los políticos se reproducirían inevitablemente las rigideces organizativas, por lo que la caída en nuevas crisis sería inevitable.
Desde esta perspectiva, la crisis institucional es, por un lado y fundamentalmente, el resultado de la falta de adaptación de las instituciones públicas y de los políticos a los referentes de los ciudadanos y, por otro, consecuencia de no ofrecer un buen rendimiento en sus prestaciones. La quiebra resultante de una crisis profunda supone para el poder político el fracaso en el papel vertebrador y cohesionador de la sociedad que tiene encomendado.
Lo contrario a la quiebra es la obtención del reconocimiento, la confianza y del valor ciudadano, tanto de las instituciones públicas como de sus gobernantes y de los políticos en general. Así, si éstos se alinean con los referentes ciudadanos concretados en las exigencias a sus responsables públicos (planificador de las actuaciones públicas; experto en su área de actuación; que informe al contribuyente del destino de los fondos públicos; que regule eficazmente las ayudas con dinero público; que reduzca el gasto ordinario; con capacidad de gestión y que asuma riesgos; que sea evaluado y se le exijan responsabilidades) el ciudadano obtendría confianza en el sistema, en la democracia; confianza en los responsables públicos; Ilusión en el futuro como ciudadano; y gran avance en su calidad de vida. Todos ellos son aspectos que no se gestionan fundamentalmente desde el nivel lógico, sino desde el emocional.
Este texto forma parte de : “¿Son los políticos los responsables de la crisis?”, en R. Peña (Dir.) (2011) Herramientas para enfrentarse a la crisis, Barcelona: ServiDoc, 2011., p. 85-120.
miércoles, 24 de agosto de 2011
LA DISYUNTIVA ENTRE CENTRALIZACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN: Siglo XX: La Constitución de 1931
domingo, 21 de agosto de 2011
TODO SERÁ MÁS PEQUEÑO
El presupuesto público se ha reducido y lo seguirá haciendo. Esto implica enfatizar en la planificación, el análisis de las necesidades y las prioridades sociales, sus fuentes de financiación, así como evitar los recortes lineales, ya que generan desincentivación y beneficia a los gastos socialmente improductivos.
El número de efectivos en la Administración disminuirá atendiendo a los nuevos objetivos. A la vez será necesario trasvasar personal de las tareas de mantenimiento a las prestacionales. Se tratará de eliminar el exceso de burocratismo de estas dos últimas décadas de expansión poco meditada, a la vez que de no debilitar las áreas que producen beneficios directos a los ciudadanos y a las empresas.
Las retribuciones públicas se han reducido por primera vez en décadas y lo seguirán haciendo en relación con el IPC. Es preciso un ajuste de las condiciones salariales y de empleo al mercado privado y evitar la descapitalización y la incapacidad de atraer y retener el talento. Este es mucho más necesario en los tiempos actuales, ya que requiere personas con nuevos referentes públicos de actuación.
La estabilidad en el empleo disminuirá. La alta temporalidad en el ámbito público, los recortes de plantilla, el clima laboral desmotivador, el alto absentismo, el bajo rendimiento y la creciente contestación social favorecerán la dualización de un reducido empleo estable y el sujeto a condiciones similares al mercado. En ambos casos se generalizará la evaluación del rendimiento ligada a objetivos y a retribuciones. El riesgo a sortear es, como muestran los estudios comparados, la politización de la Administración Pública.
Las más de trece mil Administraciones territoriales son muchas, incluso para un país rico. Su número se reducirá en el nivel local, al margen de la discusión en torno al papel de las diputaciones provinciales. El reto será que su disminución no destruya la identidad territorial ni debilite la democracia local.
Los varios miles de entes instrumentales estatales, autonómicos y locales se someterán a un profundo proceso de racionalización. Se trata de evitar las actuales duplicaciones con sus Administraciones matrices y de que no realicen actividades propias del mercado o de la sociedad. El límite es que el nuevo modelo de descentralización funcional no caiga en la ineficiencia y el burocratismo.
La reducción del número de cargos políticos y de confianza empieza a ser un hecho. Es consecuencia de la reducción de órganos y entes en los distintos gobiernos. Esta eliminación favorecerá la responsabilidad política y hará más transparente la acción gubernamental, pero debe evitar el debilitamiento de lo público.
El gasto corriente ha experimentado recortes en los últimos años que han sido consecuencia de las tensiones presupuestarias y financieras. Sin embargo, no se ha producido una reordenación del mismo atendiendo a las prioridades y necesidades sociales. Urge la reducción del gasto suntuario e improductivo socialmente, del gasto destinado al mero beneficio político y burocrático y de las ingentes transferencias corrientes en forma de subvenciones. El riesgo a soslayar es la eliminación de los servicios esenciales y del tejido social más integrador, innovador y dinámico.
El conjunto de las Administraciones Públicas ofrecerán menos servicios. Se debe producir un ajuste entre los ingresos y los gastos y estos deben estar modulados por las prioridades de la sociedad. Se abandonará el concepto de Estado universal y se sustituirá por un Estado posible pero fuerte que deberá evitar la quiebra social y liderar las iniciativas sociales y económicas.
Las prestaciones gratuitas desaparecerán de forma general y se mantendrán para los colectivos más desfavorecidos. Ya estamos viviendo en algunos servicios una carta de tarifas según la situación individual o social. Este modelo se generalizará y se extenderá la colaboración público-privada. Se trata de evitar situaciones de regresión social y de marginación social y quiebra, así como de otorgar valor a lo público.
Se reducirá la ambición de los proyectos y planes públicos, se volverá a la tradicional modestia del gestor de lo común. El valor del dinero público y la rentabilidad social habrán de ser los referentes de la planificación y las actuaciones públicas, que deberán conjugarse con el fortalecimiento de la iniciativa del Estado, el fomento de la innovación y el progreso social.
La distancia entre los políticos y los ciudadanos será más pequeña. En juego está la legitimación del sistema político y una democracia efectiva, inclusiva y de calidad. La tentación es volver a caer en el populismo, el clientelismo y la dilución del interés general. Sin esta reducción de distancia no será posible lograr el consentimiento ciudadano de las profundas reformas que hay que afrontar.
Publicado en El Imparcial el 23 de agosto de 2011.
sábado, 20 de agosto de 2011
EL ÁNGULO MUERTO DE VISIÓN DE LOS POLÍTICOS
El ángulo muerto de visión también se puede reforzar por elecciones ventajosas para los responsables políticos conducentes a mantener su carrera o a progresar en ella. En este caso piensan también que están actuando desde la mejor opción posible dados los modelos de carrera y de progreso que existen en las organizaciones políticas y administrativas. Dicho de otra forma, su desarrollo profesional se referencia con unos indicadores de consecución que cuando los cumplen les indican que actúan de una manera correcta al obtener ganancia en términos de progreso político. Por tanto, la permanencia en las zonas de riesgo o de crisis no proviene de la naturaleza de los políticos, sino en los referentes que adoptan como guía de actuación. Es posible pensar que con otros referentes los políticos podrían obtener ganancia en términos de carrera y podrían sintonizar mejor con los ciudadanos.
Los responsables públicos, como hacen sus homólogos privados, se orientan más a gestionar el riesgo específico de las organizaciones que el sistemático o propio de los sistemas político, económico o social. Una razón de esto es entender que la constitución, las leyes, los mercados internacionales y la interacción con los grupos representativos aseguran la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos, el funcionamiento de la democracia, del sistema político y del sistema económico y el equilibrio social. De esta manera, el riesgo sistemático se remite a las grandes reformas de los sistemas mencionados para lo que se requiere modificar lo que antes se ha denominado “leyes” o caen en el marco de unos pocos organismos internacionales en los que se tiene una influencia relativa. Se trata de algo excepcional que se aleja de la gestión del riesgo específico de los gobernantes y que solo está al alcance de los políticos situados en los puestos de más alta responsabilidad del país y de los principales partidos políticos.
El riesgo específico de cada institución aparece para los responsables públicos como lo único gestionable, o aquello que puede ser gestionado con un menor costo. Esta es la razón que hace que en la práctica la mayoría de los políticos se centren en cuestiones de carácter operativo o de ejecución, es decir, de corto plazo, y entiendan que deben ser otros los que adopten las reformas estratégicas. Claro es, que esos otros suelen tener también el mismo ángulo muerto de visión.
La situación descrita hará que el gobernante centre su labor en la reducción del riesgo específico de su área de actuación. Tratará de gestionar el que resulte relevante para su carrera, aunque deberá conciliar los objetivos de todos los grupos de interés que mantienen relaciones con la organización.
Este texto forma parte de : “¿Son los políticos los responsables de la crisis?”, en R. Peña (Dir.) (2011) Herramientas para enfrentarse a la crisis, Barcelona: ServiDoc, 2011., p. 85-120.
jueves, 18 de agosto de 2011
Doble contabilidad
A la cultura anglosajona le parecería un desatino esta desligazón entre gastos e ingresos, pero a los españoles nos parece de lo más normal que convivan la concepción de lo público como un derecho social; una compensación histórica de los tiempos pasados duros; una inercia del pasado; una manera de sentir el territorio; el resultado de las reglas del mercado; un regalo paternalista o clientelar; o el botín del mal gobernante. El resultado es una Administración por capas, cada una de las cuales tiene sus organismos y sus correspondientes grupos funcionariales, muchas veces duplicados, y en la que muchos colectivos se ven representados y favorecidos. En primer lugar, parece evidente, los integrantes del aparato público, pero también el tejido social y empresarial de un país que a duras penas sobreviviría sin las ingentes subvenciones que comprometen una parte muy significativa de los presupuestos públicos.
La cuestión de cuánto gastar no se puede separar de en qué servicios y a quién se debe favorecer con la acción pública; esto es, cuáles son las prioridades y los beneficiarios. Lo interesante del incipiente debate sobre el gasto público es que pone de manifiesto que el actual orden del gasto está en profunda crisis.
La carencia de instrumentos de medición y de evaluación de la gestión pública y de sus resultados hace que echemos mano de indicadores básicos, como el número de empleados y su volumen de gasto. Esa carencia lleva a que ante el embate de los mercados financieros se ofrezca el sacrificio lineal del gasto en materia de personal por parte del Gobierno de la Nación. Siempre es más fácil un recorte del 5% de la masa salarial que reordenar el gasto público de las Administraciones Públicas.
Este tipo de recortes trata por igual a servicios básicos para el desarrollo futuro del país como la educación o la investigación, a servicios esenciales para la comunidad como la salud o los servicios sociales o a servicios meramente suntuarios. Es urgente que se produzca una profunda reflexión y un debate público sobre las necesidades sociales, su priorización y su financiación con el fin de no descapitalizar lo que ha sido el legado y el esfuerzo de varias generaciones de españoles.
En la opinión publicada aparecen las comunidades autónomas y los entes locales como causantes principales de lo que se llega a calificar “despilfarro público”. No se trata de agobiar con cifras, pero el gasto público total en 2009 en España representaba el 38,5% del PIB y en la Eurozona el 46,7% y existen importantes diferencias en protección social y en sanidad a favor de ésta. Es cierto que tenemos un país fuertemente descentralizado, pero también lo es que el nivel central mantiene importantes funciones, la mitad del gasto público total y la casi la cuarta parte de los efectivos públicos. Por su parte, las comunidades autónomas destinan el 60% del gasto a educación y sanidad y más de un 12% a infraestructuras.
La Administración General del Estado (AGE) conserva una importante capacidad de intervención económica y un poderoso aparato público con cientos de delegaciones en el territorio y casi quinientos entes públicos. A pesar de ello, su reacción ante la crisis no ha sido la de liderar el conjunto de las Administraciones Públicas, predicar con el ejemplo en el recorte de organismos, buscar fórmulas de simplificación administrativa y de colaboración intergubernamental que permitan suprimir organismos y reunificar la gran cantidad de competencias fragmentadas.
Existen muchas posibles explicaciones de por qué no se ha hecho esto. Una de ellas es que la AGE ha mantenido en las tres últimas décadas una doble estrategia de resistencia y de victimismo frente a las comunidades autónomas que, en general, le ha ido bien. Esto le ha permitido mantener una posición central en el sistema gubernamental, especialmente mediante el mecanismo financiero y el de subvenciones y su relación directa con los gobiernos locales, como se ha visto con el Plan E que drenó 13.000 millones de euros hacia nivel local entre 2008 y 2009 sin tener en cuenta las políticas de las comunidades autónomas.
La doble contabilidad consiste en computar en el debe de los gobiernos territoriales el déficit y el incremento de plantilla y no hacerlo cuando es la AGE la que aumenta el gasto. Así, la AGE incrementó su plantilla, excluidas las Fuerzas Armadas, entre enero de 2005 y julio de 2010 un 7,6%. En el mismo período las comunidades autónomas lo hicieron en un 13% y los entes locales en un 5%. En el primer caso destacan el aumento en Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (casi 30.000) y en el segundo en sanidad y educación. Finalmente, hay que llamar la atención sobre la Administración Local, que ha duplicado su plantilla en los últimos veinte años.
Apuntar, como ha hecho recientemente el FMI, que es preciso reducir el gasto en funcionarios remite a recortar determinados gastos que hoy se consideran prioritarios por la sociedad española; determinar cuáles han de ser exige un debate sobre si deseamos, por ejemplo, estar a la cabeza de la UE en gasto en seguridad y orden público, como ahora, o estarlo en educación e investigación.
La priorización de servicios públicos y su reflejo en las plantillas implica que debe haber una sola contabilidad del gasto y del personal en el conjunto de las Administraciones públicas, una reordenación profunda de los servicios y prestaciones públicas, la introducción de una cultura clara de la cooperación intergubernamental y la conciencia colectiva de que los gastos se cuadran a partir de ingresos reales. Todo ello se completa con una efectiva dirección del Estado, el entendimiento que éste es más que la suma de sus partes y que existe un interés general al que atender fundamentado en los principios de igualdad y solidaridad.
martes, 16 de agosto de 2011
¿DESADMINISTRACIÓN O DESASTRIMINISTRACIÓN?
sábado, 13 de agosto de 2011
LA CRISIS INSTITUCIONAL. La pérdida de legitimidad
El primer rasgo de la crisis de las instituciones políticas actuales es la pérdida de legitimidad democrática. Esta se caracteriza por la falta de confianza política de los ciudadanos en las mismas, lo que está afectando a sus resultados y a la aceptación de la democracia. La pérdida de confianza se basa en la falta de credibilidad, justicia, competencia, transparencia y apertura ante puntos de vista distintos de las instituciones públicas. La confianza en las instituciones es el indicador central del sentimiento básico de los ciudadanos sobre su sistema político y sus gobernantes.
En esta situación, el Estado no puede ya atribuirse en solitario la determinación del interés general. La crisis de legitimidad representa un riesgo para el sistema político y pone en peligro la estabilidad de la sociedad, ya que los ciudadanos pueden entender que no se está logrando su equilibrio e integración. Se puede afirmar que existe una fractura del poder al debilitarse el vínculo entre el ejercicio de la dominación legítima y la aceptación por los ciudadanos. Sin confianza en el Gobierno, en las instituciones públicas y en la justicia de sus decisiones no es posible que la sociedad, ni la economía, ni el Gobierno funcionen correctamente, por lo que es necesario soldar esa fractura.
La insatisfacción y la pérdida de confianza reducen la credibilidad de los Gobiernos y de las instituciones públicas, limitan las nuevas iniciativas públicas o sociales, generan dudas sobre la equidad, infunden sospechas de corrupción y de comportamientos antidemocráticos, incrementan los costes de funcionamiento del sistema, aumentan la ineficacia de la Administración pública, producen fraude fiscal y alejan la participación ciudadana. El resultado es el debilitamiento de la sociedad que se quiebra en fracturas de riesgo social cierto. En última instancia todo esto produce la erosión del tejido social.
La frustración de los ciudadanos con el sistema político tiene distintos orígenes, pero todos apuntan a su exclusión o relegación efectiva del sistema de representación democrática. La premisa “una persona un voto” es nominal frente a los poderosos grupos de interés, la estructura de los partidos políticos y los políticos profesionales. Es creciente la percepción ciudadana de que los representantes electos y los administradores públicos están más preocupados por satisfacer al máximo sus propios intereses que por contribuir a articular una visión compartida a favor de la sociedad. Frente a las declaraciones formales de transparencia y de rendición de cuentas, se produce una importante opacidad de las reglas de juego. Existe además una incesante renuncia ciudadana a la exigencia de responsabilidad a los representantes públicos ante la inconsecuencia de sus resultados, incluso en casos de corrupción y de manipulación. El resultado en muchas democracias avanzadas es desilusión, frustración, apatía, alienación y alejamiento creciente de las instituciones políticas y de sus integrantes, así como la aparición de grupos o movimientos antisistema, muchos de ellos antidemocráticos.
Este texto forma parte de : “¿Son los políticos los responsables de la crisis?”, en R. Peña (Dir.) (2011) Herramientas para enfrentarse a la crisis, Barcelona: ServiDoc, 2011., p. 85-120.
martes, 9 de agosto de 2011
LA DISYUNTIVA ENTRE CENTRALIZACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN: Siglo XX: 1925 Disolución de la Mancomunidad de Cataluña.
sábado, 6 de agosto de 2011
LA CRISIS INSTITUCIONAL. La democracia en peligro
El auge reciente de los códigos éticos, de conducta o de buen gobierno pone de manifiesto el grado de abandono u olvido de los principios esenciales del servicio público y la lejanía de las instituciones políticas de los ciudadanos. Todos los documentos aprobados en esta línea apuntan a ideas básicas fácilmente rastreable hasta los principios clásicos de la literatura política y que se plasmaron en las leyes del siglo XIX: un gobierno legítimo, democrático, honesto, responsable, sometido a la ley, que sirva a los intereses comunes, que gestione eficientemente los impuestos y unos funcionarios íntegros y competentes. Todas las constituciones y leyes de gobierno contienen estos principios desde hace mucho tiempo, simplemente se trata de volver a aceptar su validez, vigencia y su esencialidad para el Estado y la sociedad.
El diagnóstico de la crisis institucional es comúnmente aceptado, pero no así sus efectos y soluciones. No hay acuerdo sobre que la insatisfacción política de los ciudadanos guarde una relación causa efecto con la valoración de la democracia. Así, se ha mantenido durante décadas que la democracia no peligraba porque hubiera una baja adhesión a sus instituciones, ya que los ciudadanos mostraban un apareció general por la democracia. Visto este planteamiento desde el surgimiento de partidos antidemocráticos en diversos países europeos no deja ahora de asombrar.
Es probable que un sistema democrático no pueda mantenerse mucho tiempo en esa situación, porque llega un momento en que los cambios de Gobierno o la alternancia no son suficientes. Cuando la pérdida de confianza se aplica al Gobierno y a las instituciones políticas, se puede desembocar en un conflicto social, en una quiebra del sistema, que se genera por que el ciudadano considera que algunos elementos políticos y de la actuación política son ya innecesarios desde la función social que deberían cumplir las instituciones públicas. Esta quiebra puede derivar en la pérdida del principio de solidaridad y de integración social. En una situación de profunda crisis económica como la actual la quiebra puede ahondarse y devenir en desajustes de cohesión social importantes. Es fácil constatar que la crisis ahonda las diferencias sociales.
Podemos avanzar que la forma de conjurar los riesgos señalados pasan por desarrollar estrategias que impliquen promover y consolidar el interés público, lo que puede ser favorecido por una constante atención a los principios de justicia, participación pública y deliberación y la implicación de terceros. Desde el lado de la eficacia, parece esencial incorporar mecanismos efectivos de transparencia, responsabilidad y control que aumenten la confianza en el sistema político y en sus responsables y garantice la correcta prestación del servicio. A esto habría que añadir medidas eficaces que incrementen el conocimiento de los asuntos públicos de los ciudadanos y su poder mediante el aumento de control sobre el sistema político y sus responsables.
Este texto forma parte de: “¿Son los políticos los responsables de la crisis?”, en R. Peña (Dir.) (2011) Herramientas para enfrentarse a la crisis, Barcelona: ServiDoc, 2011., p. 85-120.
martes, 2 de agosto de 2011
LA DISYUNTIVA ENTRE CENTRALIZACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN: Siglo XX: El Estatuto Provincial de Primo de Rivera.
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